¿La consecución de nuevos recursos vía impuestos para financiar la salud de los colombianos, entre otros la de quienes se podrían quedar sin empleo en razón de estas medidas, es una decisión razonable?
El sector de la salud ha tenido desde siempre una situación financiera lamentable por cuenta de la mala administración y la inmensa corrupción que lo aflige.
El servicio adolece de múltiples fallas, mientras el mal cubrimiento y los retrasos en materia de tratamientos y medicamentos, dejan a muchos de los pacientes sometidos a graves problemas en materia de salud y a otros, no pocos, los arrojan a una muerte prematura.
El Ministerio cree que los llamados “impuestos saludables” son la solución: grabar las bebidas azucaradas con $300 por litro, además de incrementar en el 2017 en un 300% el impuesto a los cigarrillos, para luego aumentarlo en un 4% por encima de la inflación anual, permitirían el recaudo necesario para ayudar al sector a salir de sus penurias. ¿Tendrá razón los Ministerios de Salud y de Hacienda y Crédito Público?
Las dudas surgen al considerar que de tratarse de verdad de “impuestos saludables”, entonces uno de sus objetivos habrá de reflejarse, necesariamente, en la disminución del consumo. Lo que implicaría que su éxito sería inversamente proporcional al monto de dinero recaudado. Primer serio tropiezo para los alcabaleros gubernamentales.
Pero el asunto va más lejos. Aunque se pudiese calificar de loable el objetivo de mermar el consumo de bebidas azucaradas y cigarrillos, no lo es así el de pretender conseguir recursos para financiar la salud por la vía de deprimir la demanda y, aún más cuestionables, los resultados que pueden derivarse del aumento o creación de estos impuestos: por un lado, el auge del contrabando de cigarrillos, y por el otro, las talanqueras al crecimiento y la viabilidad de las compañías productoras, lo que de contera originaría graves dificultades para la conservación del empleo y ni se diga para la creación de nuevos puestos de trabajo decente en las empresas afectadas.
Por lo visto, el Gobierno santista en materia de reforma tributaria estructural sólo sabe moverse entre los extremos del incremento del IVA, absolutamente regresivo, y los impuestos en contravía de la generación de empleo.
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