La reforma tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional para su aprobación ante el Congreso de la República tiene como objetivos no sólo el cubrimiento del enorme déficit resultado de la caída de la producción nacional y de los precios del petróleo, sino, y en grado sumo, de la inmensa corrupción rampante y del despilfarro del mal gobierno santista. Los años de los buenos precios del petróleo, por encima de US$100 dólares el barril, no sirvieron para el ahorro ni para el desarrollo de la infraestructura o el apoyo a la industrialización y el sector agrario. No, los inmensos recursos captados durante la bonanza petrolera se entregaron en forma de abundante “mermelada”, para congresistas, políticos y contratistas adictos al régimen.
Raspada la olla, se quiere ahora que las clases popular y media, atiendan las inversiones no realizadas y, claro, el apetito voraz e insaciable de los esquilmadores del erario.
La reforma tributaria será una exacción más a los bolsillos de los trabajadores. Entre los impuestos regresivos, además de perpetuar el Gravamen a los Movimientos Financieros, el llamado 4 x 1000, se propone pasar la tarifa del IVA del 16% al 19%, afectando de manera delicada la canasta familiar, pues cerca del 60% de sus bienes se encuentran gravados con este impuesto.
Los computadores de más de un millón de pesos, prácticamente todos, las tablets, y los planes de datos, también serán gravados con el IVA, desalentando a la población de más bajos recursos para su acceso a la internet y por su supuesto a la información, factor fundamental para avanzar en el conocimiento y el mejoramiento de la competitividad.
No es menos grave que se pretenda aumentar el número de personas obligadas a pagar impuestos de renta, reduciendo desde $3,4 millones a $2,7 millones el nivel de ingresos mensuales a partir del cual se está obligado a declarar renta y pagar este impuesto.
Los tenderos y pequeños comerciantes deberán soportar el monotributo (unificación de los impuestos de IVA y renta) que el ministro de Hacienda y Crédito Público busca imponerles sobre sus ventas, conduciéndoles a la quiebra y de paso, aumentado las penalidades de los más pobres. A esto se le suma la incapacidad del gobierno para atender la seguridad de estos negocios y protegerlos contra los cobros extorsivos, que pululan en todas las grandes, medianas y pequeñas ciudades.
Este primer análisis arroja en síntesis, una clara conclusión sobre esta reforma tributaria: se trata de descargar sobre los hombros de las más pobres el peso y la financiación de la corrupción y el despilfarro santista.
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